Secuestro de estos migrantes es muestra de los peligros que enfrentan en su intento por llegar a Estados Unidos; muchos se pierden y mueren en zonas desérticas en la frontera norte de México. | Read this story in English
Por Annie Rosenthal y Alfredo Corchado
Este reporte es una colaboración entre Marfa Public Radio y The Dallas Morning News.
OJINAGA, México — Trece migrantes que fueron secuestrados en Chihuahua pudieron haber sido asesinados durante una guerra territorial entre cárteles de drogas, un señal más de un conflicto cada vez más violento entre bandas rivales por las rutas de contrabando en este estado del norte de México que colinda con Texas, según fuentes mexicanas y estadounidenses.
Algunos de los migrantes se dirigían a las zonas de Midland-Odessa y a Dallas, según familiares y un defensor de derechos humanos, quienes aún tienen la esperanza de que el grupo, todos hombres en su mayoría del estado de Chihuahua, estén vivos y retenidos para pedir un rescate económico o trabajando para los cárteles.
Pero un oficial de seguridad en México cercano a la investigación le dijo a The Dallas Morning News y Marfa Public Radios que los investigadores están “buscando cuerpos, o partes de lo que quedó de ellos” en el desierto. El oficial concedió una entrevista con la condición de anonimato por temor a represalias y agregó: “Puedo decir que no están vivos”.
El secuestro masivo, que ocurrió a finales de septiembre, es parte de un patrón creciente de desapariciones de migrantes en el área entre Ciudad Juárez, frontera con El Paso, y el pueblo de Ojinaga, que colinda con Presidio, una comunidad cercana al Parque Nacional Big Bend. Ese corredor había estado relativamente tranquilo hasta hace poco, pero tiene un largo historial de violencia relacionada con los cárteles.
“Es como tierra de nadie”, dijo Gabino Gómez Escárcega, un veterano activista de derechos humanos que trabaja con una organización llamada Centro de Derechos Humano de las Mujeres.
La semana pasada, Gómez acompañó a los familiares de los migrantes desaparecidos en un plantón frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de Chihuahua para exigir respuestas, portando carteles con los rostros de sus seres queridos y mensajes como: “No son 13, son muchos más los desaparecidos”.
Entre los reunidos estaba Sheila Arias, cuyo sobrino, Omar Reyes, un hombre de 20 años originario del estado de Hidalgo y que tiene problemas de visión, desapareció a principios de noviembre cerca de la zona donde los 13 desaparecieron un mes antes.
“Algo está pasando en Chihuahua, algo está pasando en la frontera y no podemos cerrar los ojos”, dijo Arias.
A los especialistas en temas de seguridad y migración les preocupa que la violencia sea, en parte, impulsada por las políticas restrictivas de migración impuestas por Estados Unidos, las cuales han dejado a decenas de miles de migrantes en el limbo a lo largo de la frontera, obligándolos a permanecer en peligrosas ciudades mexicanas donde pueden ser presa fácil de grupos delictivos.
El programa de Protocolos de Protección a Migrantes, conocido como “ Permanecer en México”, requiere que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos esperen en México, a veces durante meses, en espera de su fecha para asistir a un audiencia ante una corte migratoria. La administración de Joe Biden había suspendido la política, que comenzó en el 2019 a cargo del presidente Donald Trump, pero la restableció a principios de diciembre luego de una orden judicial.
Bajo la política del Título 42, implementada durante la pandemia de covid-19, cientos de miles más que llegan a Estados Unidos son rápida y rutinariamente expulsados a México. Muchos se quedan en las ciudades de la frontera en busca de otras oportunidades para volver a cruzar a Estados Unidos.
Los críticos dicen que, bajo tales políticas, Estados Unidos ha subcontratado, sin que sea la intención, un sistema roto de migración al crimen organizado, dándole un impulso a la industria de los contrabandistas. David Shirk, director del programa “Justice in Mexico” (Justicia en México) de la Universidad de San Diego, dijo que dichas políticas “aumentan la cantidad de personas que están lo suficientemente desesperadas como para poner sus vidas en las manos de un traficante de migrantes”.
El contrabando ya no es una operación de bajo nivel, dijo Shirk, sino una industria cada vez más lucrativa en la que los cárteles se han involucrado íntimamente.
Andrew Selee, presidente del “Migration Policy Institute”, expresó una opinión similar: “Los cárteles e droga no solían estar interesados en el tráfico de personas porque lo veían como un negocio secundario y mucho menos lucrativo. Obviamente, los números están cambiando. Y cuando los números cambian, se vuelve mucho más atractivo intentar controlarlo”.
Jorge Contreras Fornelli, director de FICOSEC Juárez, una agrupacion de líderes empresariales y comunitarios que promueven la seguridad, estima que solo en Chihuahua el tráfico de personas genera casi $30 millones por mes.
El control del tráfico de personas por los cárteles en Chihuahua significa que “la consecuencia, como en el ejemplo de los 13 desaparecidos, es que creemos que ya no están vivos”, dijo Contreras, quien también es un miembro del consejo de seguridad nacional. “Espero que estemos equivocados, pero ya ha pasado mucho tiempo”.
En todo el país, más de 95,000 personas han sido declaradas desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda de México. A finales de noviembre, luego de una gira por México para reunirse con funcionarios y familiares de las víctimas —incluyendo los de los 13 desaparecidos a las afueras de Ojinaga— los miembros del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas señalaron que los migrantes en México son particularmente vulnerables a las desapariciones.
La organización Human Rights First ha documentado más de 7,000 ataques violentos contra las personas que fueron regresadas a México o que fueron obligadas a esperar en el país durante las presidencias de Trump y Biden y bajo la política Permanezca en México. Se piensa que muchas más no están documentadas.
Mientras que las familias esperan respuestas sobre lo que les pasó a sus familiares que desaparecieron en su travesía hacia el norte, otros tienen evidencia de la brutalidad que enfrentaron sus seres queridos.
En febrero de este año, varios oficiales de policía en México fueron acusados de la masacre de 19 migrantes, la mayoría de Guatemala, en el estado de Tamaulipas. El evento revivió los recuerdos de otros episodios brutales contra migrantes, incluyendo el asesinato de 72 migrantes por el entonces cártel de los Zetas en el mismo estado en el 2010.
Entre Ojinaga y Ciudad Juarez, Gómez estima que unos 30 migrantes mexicanos han desaparecido en mas de un año, quince de los cuales han desaparecido en un lapso de solo 40 días este otoño, incluyendo al grupo de 13.
La violencia no es nada nuevo en la región donde desaparecieron los migrantes. Un subgrupo del Cártel de Juárez, conocido como La Línea, y sus rivales, el Cártel de Sinaloa, alguna vez aterrorizaron esta remota región en el estado de Chihuahua que se extiende entre Coyame de Sotol y Ojinaga, y la región que colinda con el Río Grande hasta lo que se conoce como el Valle de Guadalupe, al oeste de Ciudad Juárez.
Durante el período 2008-2010, cerca de 10,000 personas fueron asesinadas solo en Ciudad Juárez, como resultado de una guerra territorial por rutas de contrabando de drogas. Un escuadrón de la muerte conformado por soldados operaba desde Ojinaga, y tenían como objetivo a miembros de cárteles rivales, dijo Howard Campbell, un antropólogo de la Universidad de Texas en El Paso, quien documentó la violencia en su libro Drug War Zone.
El general que dirigió a los militares en Ojinaga durante esos años, Manuel Moreno Aviña, luego fue sentenciado a 52 años en prisión por la tortura, asesinato e incineración de un civil en Ojinaga.
Históricamente, dijo Campbell, la región alrededor de Ojinaga ha sido controlada por La Línea, “que ha sido un grupo dominante en el estado con algunas excepciones”. Y durante la última década, el área ha estado relativamente tranquila, una señal de que La Línea tenía el control.
El funcionario de seguridad mexicano describió este “período de tranquilidad” como “paz simulada, una paz comprada” y agregó que el cártel tiene un dominio absoluto sobre Ojinaga, una ciudad de aproximadamente 25,000 habitantes.
El alcalde de Ojinaga, Andrés Ramos, niega que exista crimen organizado en su ciudad, al que llama “un pueblo tranquilo”.
A la ciudad no le ha agradado el reciente incremento de migración en la zona. Ramos dijo que los migrantes “traen problemas, grandes y pequeños”, agregando que la ciudad no recibe “ni un peso” de parte del gobierno federal para cuidarlos y que los recursos locales deben gastarse en la población local.
Pero la mayoría de los hombres que desaparecieron en septiembre fueron de comunidades alrededor de la Ciudad de Chihuahua, casi tres horas al sur de Ojinaga. El grupo de 13 hombres dejaron atrás a sus esposas, padres, e hijos en Chihuahua. Algunos habían decidido hacer el viaje para reunirse con sus familiares en Estados Unidos, mientras otros buscaban trabajos que los ayudarían a sustentar mejor a sus familias en México.
Benigno Álvarez, 36, trabajaba como repartidor en la Ciudad de Chihuahua. Renunció en el verano cuando supo de un primo que vive en Arlington le prometió a encontrar un trabajo de construcción.
Su esposa, Rocío Martínez de Álvarez, de 33 años, no quería dejarlo ir, insistiendo que de alguna manera podían arreglárselas en México. Pero Beningno respondió que con lo que ganaba en México no era suficiente a cubrir la educación de su hija ni para pagar la quinceañera de su otra hija. Prometió que regresaría antes de Navidad y que se quedaría hasta que pasara la fiesta de cumpleaños, planeada para febrero, antes de irse otra vez. Le prometió que regresaría permanentemente tres años después con suficiente dinero para incluso comprar una casa.
“Tenía sueños”, dijo Martínez. “Estaba decidido”.
Su esposo tenía fe en que llegaría al norte de Texas, dijo Martínez. Conocía a un guía local, una persona que lo ayudaría a navegar por las complicadas interacciones con un traficante y eventualmente con los miembros del crimen organizado.
Alvarez usó el dinero de su indemnización para pagar la tarifa de $20,000 pesos, un pago inicial que cobra el crimen organizado. Hubo retrasos de meses, algunos de ellos debido a la temporada de lluvias de verano, antes de finalmente salir de la ciudad de Chihuahua con el resto de los 13, un grupo organizado por el guía, el 24 de septiembre. Aún debía más de $6,000 por el viaje, que se pagarían después de que empezara a trabajar en Estados Unidos, dijo su esposa.
En la noche del sábado 25 de septiembre, Álvarez llamó a Martínez desde una casa de seguridad en el pueblo de Coyame, al sur de Ojinaga. Dijo que todo iba de acuerdo al plan, y se quedaría sin servicio celular durante el resto del viaje.
“Me llamó y me dijo: ‘Estamos en Coyame, voy a apagar mi celular y no te voy a poder hablar hasta que llegue’”, dijo Martínez.
El plan era cruzar y llegar a la Interestatal 10, donde un traficante los esperaría para transportarlos a Midland y Dallas. Pero primero tuvieron que haber atravesado a Estados Unidos por Lomas de Arena, un pequeño pueblo mexicano al sur del Río Grande, frontera de los condados de Hudspeth y Culberson en el oeste de Texas.
En el lado Estadounidense de la frontera se ha visto un incremento en las aprehensiones de grandes grupos y muertes de migrantes de Centroamérica, Ecuador y México, dijo Oscar Carrillo, el sheriff del condado de Culberson. Este año, su oficina ha recuperado 28 cuerpos del desierto, comparado con solo uno, el “promedio durante años”.
Para el miércoles, el día después de que se suponía que el grupo llegaría al norte de Texas, Martínez aún no había recibido noticias de Álvarez. Luego recibió una llamada de otro miembro de la familia que dijo que un adolescente que había viajado en el grupo de su esposo había regresado a Chihuahua.
De acuerdo con la fiscalía estatal, el asolescente testificó ante las autoridades locales que el grupo había sido detenido por hombres armados que le dijeron “vete” antes de llevarse a los demás hombres en vehículos. Dijo que corrió hacia los Estados Unidos, donde fue detenido por la Patrulla Fronteriza y luego fue deportado de regreso a Juárez.
A principios de octubre, Martínez y familiares de otros miembros del grupo presentaron denuncias formales de personas desaparecidas ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Martínez dijo que las autoridades recolectaron muestras de ADN de cada uno de ellos y les prometieron empezar la búsqueda.
La procuraduría general del estado está ofreciendo una recompensa de $200,000 pesos por “información útil y veraz” sobre el paradero de varios de los desaparecidos.
Pero Martínez dijo que no han permitido que los familiares los acompañen a buscar, citando lo peligrosa que es la zona.
Rehusándose a permanecer al margen, Martínez renunció a su trabajo en una maquiladora para dedicarse completamente a la búsqueda de su esposo. Ella y un grupo de otras esposas, madres, tías y hermanas de los hombres desaparecidos han recurrido a las redes sociales, publicando fotos de los hombres desaparecidos con mensajes pidiendo a las personas que envíen pistas de forma anónima a su página “ 13 desaparecidos Coyame-Chihuahua”.
“Te rogamos a ti que has visto o sabes algo que nos ayudes a encontrarlos, danos una pista sobre dónde están para que podamos ir a buscarlos”, según la publicación. “Tú puedes ser esos ojos, esos oídos, para que puedan regresar a casa, en donde un hijo, una esposa, unos padres los están esperando”.
Las familias también le pidieron ayuda en la investigación a Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. El presidente les provocó indignación cuando durante una rueda de prensa a principios de octubre, dijo que no había oído hablar de la desaparición de los 13 migrantes. Sin embargo, durante la reciente visita de López Obrador a Chihuahua, la administración prometió al grupo el uso de un helicóptero para ayudar con su búsqueda.
Un portavoz de la fiscalía general del estado dijo que ha realizado búsquedas “permanente e ininterrumpidas” del grupo en los últimos meses. Trabajando con varias otras agencias —incluyendo al ejército y la Guardia Nacional— que han realizado búsquedas por tierra y aire de los municipios alrededor del área donde los migrantes desaparecieron. Durante las búsquedas, encontraron otros 60 migrantes, pero aún no hay respuestas de los 13 desaparecidos o de Omar Reyes.
Pero las autoridades de ambos lados de la frontera han discutido en privado sobre una posible versión de los acontecimientos: hubo un enfrentamiento entre miembros de los cárteles Sinaloa y La Línea la semana que desaparecieron los 13. De acuerdo con el funcionario de seguridad mexicano cercano a la investigación, el grupo fue tomado como rehén por miembros del cártel de Sinaloa, quienes planeaban retenerlos para pedir un rescate económico.
Cuando los miembros de La Línea se dieron cuenta que Sinaloa estaba invadiendo su territorio e interfiriendo con su carga humana, dijo el funcionario, llevaron decenas de camiones al Bosque Bonito, cerca de Lomas de Arena, para “rescatar” a los migrantes. El cártel de Sinaloa tenía menos gente pero más armas, y La Línea se retiró. El funcionario cree que en algún momento durante o después del enfrentamiento los migrantes fueron llevados a otro lugar y asesinados.
El funcionario dijo que las casas alrededor de la pequeña comunidad de Bosque Bonito estaban abandonadas, como si los pocos residentes se hubieran ido apresurados. En una casa escondite conocida, el funcionario dijo, los investigadores encontraron huellas con sangre y otras pruebas de tortura.
La fiscalía general confirmó esta semana que los investigadores encontraron rastros del conflicto, incluyendo casquillos de bala y vehículos quemados. Aún así, dijeron a través de un comunicado, “no se puede asegurar que (el grupo de 13 migrantes) estuvo involucrado de ninguna manera, ya que no hay evidencia que lo determine”.
La oficina tampoco pudo confirmar si los investigadores habían llevado a cabo pruebas de ADN en el sitio de la confrontación, o si el enfrentamiento fue entre carteles.
El funcionario mexicano, sin embargo, fue firme en la afirmación de que los migrantes ya no están vivos, y tiene un mensaje para las familias: “No hay palabras que pueda decir para llenar el vacío que sienten por sus hijos, sus esposos, por sus padres. Pero hay una ley divina que puede darles consuelo”.
Contreras, de FICOSEC, está de acuerdo. “Creo que lo más importante es que lo que estamos buscando aquí es no tener otro San Fernando”, dijo, refiriéndose a las masacres de migrantes de 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas. Muchos dicen que la falta de consecuencias por esos asesinatos ha resultado en más violencia. “Y para prevenir tener otro San Fernando, tenemos que combatir la impunidad”.
Martínez no está lista para concluir que su esposo y los que viajaban con él fueron asesinados. “Mi corazón me dice que sigue vivo, pero no puedo cegarme a esa posibilidad”, dijo. “Pero, si ese es el caso, ¿en dónde están?”
El día de Navidad marcará tres meses desde la última vez que las familias supieron de sus seres queridos. Para Martínez, cada día es más difícil.
“Por qué destruir los sueños de tantas familias?” dijo Martínez. “Porque eso es lo que buscaban, un sueño, y lo destruyeron en un instante”.
Dijo que la búsqueda no terminará hasta que los hombres estén en casa. “No estamos buscando culpables”, dijo. “Solo queremos saber qué pasó, dónde están. Dónde está la persona que estamos esperando en casa”.
Annie Rosenthal es reportera de Report of America y cubre temas de la frontera para Marfa Public Radio. Alfredo Corchado es corresponsal de The Dallas Morning y Al Día en la frontera y en México.
