Más de un siglo después de que 15 niños y hombres de una pequeña comunidad fronteriza de Texas fueran brutalmente asesinados por un grupo de Rangers de Texas, soldados estadounidenses y rancheros, los descendientes de las víctimas siguen luchando desde hace años para obtener los certificados de defunción de sus antepasados.
A lo largo de un tramo rural de carretera al noreste de donde una vez estuvo la comunidad de Porvenir, y donde niños y hombres fueron asesinados a tiros el 28 de enero de 1918 en lo que se conocería como la Masacre de Porvenir, hay un marcador histórico estatal.
Los asesinatos formaban parte de una tendencia más amplia de violencia transfronteriza durante la Revolución Mexicana, cuando los Rangers de Texas mataron a decenas de mexicano-americanos. Porvenir, una pequeña comunidad agrícola y ganadera situada en el condado de Presidio, fue abandonada por sus habitantes tras los asesinatos.
Aunque ha pasado más de un siglo desde la tragedia, sólo se ha expedido un certificado oficial de defunción de una víctima de la masacre.
Los descendientes llevan años intentando cambiar esta situación.
A principios de este mes, Yolanda Mesa y otros dos descendientes de las víctimas de la masacre de Porvenir presentaron formularios de “certificado de defunción diferido por orden judicial” a los funcionarios del condado de Presidio para 13 de los niños y hombres asesinados en la masacre. Según Mesa, hay 14 víctimas en total que no han recibido sus certificados de defunción, pero ella no tenía suficientes formularios estatales adecuados para solicitarlos a todos.
Bajo la ley estatal, este tipo de registro se expide si no se ha presentado un certificado de defunción en el plazo de un año desde que murió una persona. El formulario debe presentarse ante el tribunal testamentario del condado en el que falleció la persona, ser firmado por un juez y, luego, se expide.
En una carta publicada este mes en el Big Bend Sentinel, Mesa describió el esfuerzo por obtener los documentos del condado de Presidio como un proceso difícil y de un año de duración, pero también como una causa que merece la pena y que aportará un cierre a las familias.
“Para muchos, una muerte que ocurrió hace más de un siglo puede tener poca importancia, pero para las familias y descendientes de estos hombres, estos certificados son una parte importante de su historia”, escribió.
Mesa también está presionando para que la causa de muerte de las víctimas figure oficialmente como homicidio y para que los documentos indiquen que recibieron “disparos y [fueron] asesinados”.
En 2019, el condado de Presidio emitió el certificado de defunción de Longino Flores, tatarabuelo de Mesa y una de las personas asesinadas en la masacre. Desde entonces, el esfuerzo para obtener los certificados de defunción del resto de las víctimas se ha estancado. Mesa dijo que los descendientes se han enfrentado a una serie de desafíos, incluyendo problemas para adquirir la documentación adecuada y costosas tasas judiciales.
“Definitivamente ha sido un proceso largo, que no ha ido muy bien porque aquí estamos muchos años después sin nada”, dijo en una entrevista con Marfa Public Radio.
La secretaria del condado de Presidio, Carolina Catano, confirmó que había recibido las recientes solicitudes de certificados de defunción. Dijo que el siguiente paso es que se programen audiencias en las que el juez del condado de Presidio, José Portillo, decidirá si acepta y emite los certificados retrasados.
“Estamos siguiendo las reglas hasta donde sabemos”, dijo Catano. “Se han presentado e irán a una audiencia con el juez y el juez tomará su decisión final”.
Portillo dijo que no podía comentar sobre el asunto porque supervisa los asuntos testamentarios para el condado.
Catano dijo que hubo dos casos anteriores en los que se cobró indebidamente a los descendientes más de 250 dólares en tasas judiciales cuando solicitaron un certificado de defunción. El precio exigido por el estado es de un dólar por certificado de defunción diferido.
Que se expidan o no certificados de defunción dependerá de cómo interpreten los funcionarios locales la ley estatal, en concreto, qué información se requiere para un certificado de defunción diferido y quién puede proporcionar esa información.
Las instrucciones del formulario estatal para un “certificado de defunción diferido por orden judicial” establecen que si un médico o un director de funeraria no pueden confirmar una defunción, dos personas deben presentar declaraciones juradas en las que se detalle cómo murió la persona. Se requiere que una de las personas no tenga parentesco por consanguinidad o matrimonioy tenga “conocimiento personal de los hechos de la muerte”.
Dado que la masacre tuvo lugar hace más de 100 años, localizar a una persona con “conocimiento personal” de cómo fueron asesinadas las víctimas puede resultar difícil, si no imposible. Pero Mesa y otros descendientes creen que el registro histórico de la masacre debería ser suficiente.
Aún así, un exfuncionario del condado que firmó el único certificado de defunción recibido por los descendientes sugirió en el pasado que ese pequeño avance fue en realidad un error.
En 2021, la entonces jueza del condado de Presidio Cinderela Guevara, que aprobó el certificado de defunción de Longino Flores, dijo al Big Bend Sentinel que había mal interpretado la ley estatal en la materia.
“Hubo una confusión, así que ellos [los descendientes de Flores] tuvieron la suerte de obtenerlo”, dijo.
Luego de que se aprobara el certificado de defunción de Flores, Guevara se negó después a expedir un certificado de defunción para Manuel Moralez, víctima de la masacre. Sin embargo, Mesa cree que la ley está de parte de los descendientes. Sostiene que la masacre de Porvenir está bien documentada y que no debería haber ninguna duda sobre cómo murieron las víctimas.
“Para nosotros, como familias, descendientes, no sentimos que debería haber siquiera una pregunta si tienen un marcador histórico en su condado con los nombres de estos hombres en la lista”, dijo Mesa.
Katherine Saldivar es otra descendiente y ha trabajado con Mesa en este esfuerzo. Su abuelo Ambrosio Hernández y su bisabuelo Eutemio González murieron en la masacre. Dice que obtener todos los certificados de defunción la ayudará a ella y a otros descendientes a recuperarse.
“Sólo queremos que sus almas descansen en paz”, dijo. “Poder tener este certificado y archivado en el juzgado... es una prueba. Sucedió, realmente sucedió”.
