Mike y Mark Sheppard habían sido arrestados y puestos en libertad bajo fianza tras un tiroteo el 27 de septiembre pasado, pero luego volvieron a ser arrestados y se les asignó una nueva fianza de $250,000 a cada uno. Un juez aceptó este jueves rebajar esa cantidad, que los abogados de la defensa habían calificado de "opresiva". | Read this story in English
Por Travis Bubenik, traducido por María Arce
Un juez de distrito accedió este jueves a rebajar las fianzas de dos hermanos que siguen encarcelados acusados de haber disparado y matado a un migrante en el lejano oeste de Texas el mes pasado y de haber herido a una mujer migrante.
Mike y Mark Sheppard habían sido arrestados y puestos en libertad tras pagar fianzas separadas de $250,000 en los días posteriores al tiroteo, pero más tarde volvieron a ser arrestados por nuevos cargos y se les asignaron nuevas fianzas de $250,000 a cada uno. Los hermanos no han podido pagar las nuevas fianzas, según sus abogados.
En una audiencia virtual celebrada este jueves, el juez del distrito 394, Roy Ferguson, accedió reducir las fianzas para Mark Sheppard a $50,000 y a $75,000 para Mike Sheppard, a quien las autoridades acusan de ser el autor del tiroteo.
Los hermanos permanecieron sentados en silencio y casi inexpresivos durante la audiencia, compareciendo por separado desde las cárceles del condado de Brewster y Presidio.
Los abogados defensores afirmaron que los hombres estaban detenidos bajo condiciones de fianza "ilegales y opresivas". Los hermanos se entregaron por los segundos cargos y por lo tanto no constituían un riesgo de fuga, argumentaron.
El fiscal Kevin Marcantel advirtió que no se debía rebajar demasiado el importe de las fianzas, aunque propuso una reducción más modesta que la que finalmente aprobó el juez.
"Lo que hicieron es horrible", dijo. "Creo que son un enorme peligro para la sociedad".
Según una declaración jurada del arresto en el caso, Mark Sheppard dijo a las autoridadesque los hermanos estaban en la zona cazando cuando ocurrió el tiroteo. En la audiencia del jueves, Marcantel arremetió contra la sugerencia de que el tiroteo fue un accidente, señalando los detalles de la declaración jurada que indicaban que a los inmigrantes les dispararon a corta distancia.
"No me creo eso de que fue un error", dijo. "Ambos sabían que eran seres humanos, pensaron que era un deporte, supongo".
En la audiencia, los abogados defensores se centraron principalmente en argumentar a favor de cantidades menores para las fianzas, diciendo que los hombres tenían entre ambos poco dinero para pagar los segundos montos que se fijaron para las fianzas.
Richard Esper, abogado de Mark Sheppard, también dijo que la salud de su cliente se había deteriorado desde que sufrió un derrame cerebral hace nueve meses.
"Está mostrando los primeros signos de demencia", dijo Sheppard. "No creo que sea un peligro para nadie en la comunidad".
Esper reivindicó sin tapujos la inocencia de Mark Sheppard, diciendo que las pruebas del caso "no demuestran ninguna intención" por parte de su cliente "de haber sido partícipe a sabiendas de ningún delito".
El abogado de Mike Sheppard no se refirió tan directamente a las acusaciones contra su cliente, pero mantuvo que el exdirector de la prisión federal se presentaría ante el tribunal si era puesto en libertad.
"Esta idea de que tiene intención de huir es sencillamente errónea cuando van y se entregan cuando se enteran de que se presentan estos nuevos cargos", dijo el abogado Brent Mayr al juez.
No está claro si los hermanos podrán reunir el dinero para las fianzas reducidas o cuándo lo harán. Los abogados de ambos hombres no respondieron inmediatamente a un pedido de comentarios sobre la cuestión.
Los hombres aún no han sido acusados por un gran jurado, pero los comentarios del fiscal en la audiencia sugirieron que las autoridades tratarían de socavar los argumentos de la defensa sobre que los hermanos estaban cazando.
"¿Por qué no fueron a ver a lo que dispararon y mataron, la jabalina o lo que fuera?" preguntó Marcantel. "Así que no me creo la historia".
En un comunicado el lunes, el grupo de ayuda legal Las Américas Immigrant Advocacy Center (Centro de Defensa de los Inmigrantes Las Américas), con sede en El Paso, dijo que ocho de los 13 migrantes mexicanos que estaban presentes cuando ocurrió el mortal tiroteo habían sido liberados de custodia federal. Sin embargo, el grupo criticó a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos por no haber liberado a los migrantes antes.
"Al detener a las víctimas de este crimen en instalaciones similares a las de una prisión durante casi un mes, los funcionarios del gobierno de (Joe) Biden infligieron más daño además de la violenta supremacía blanca de los tiradores", dijo Zoe Bowman, abogada del grupo. "Hay una clara necesidad de que el Departamento de Justicia abra una investigación de crimen de odio en este caso".